In memoriam

Más allá de los interesados “errores” históricos que se pueden leer en algunos de los comentarios que se han suscitado con ocasión del fallecimiento del ex Presidente Pérez    –por parte de aquellos que no pueden soportar la presencia de la verdad en la memoria colectiva de los venezolanos- lo cierto es que CAP tiene un lugar -ardua y valientemente- ganado en la historia civil venezolana.

Sus ejecutorias más importantes como gobernante, con mucho y dentro de un elenco impresionante de realizaciones, fueron la nacionalización de las industrias del petróleo y del hierro que significaron no sólo una reafirmación real de soberanía e independencia nacionales (por oposición a una retahíla vacua de pamplinadas que nada añaden al gentilicio y que es a lo que se resume, en definitiva, la ejecutoria “anti-imperialista” de otros); sino también una audaz oportunidad para demostrar la capacidad gerencial y operativa de los ciudadanos de un país que escasamente unos 20 años antes eran mayoritariamente analfabetos.

PDVSA y los venezolanos, demostraron estar a la altura de la exigencia; pero, paradojas de la historia, afirmada la soberanía venezolana frente al mundo sobre la base del desempeño con excelencia y el cultivo del ascenso a través de los méritos propios (“meritocracia”, dicen con orgullo quienes creen en ella; y repiten con desdén los cultores de la medianía oportunista y adulante), con los años veríamos desintegrar esas capacidades gerencial y operativa para complacer la mentalidad neocolonial de venezolanos embelesados hasta el éxtasis por figurones, cuyo real aporte a la Historia será haber encarnado la satrapía tropical más duradera, a costa del derrumbe de la prosperidad material de un pueblo noble –el cubano-  que, sólo ahora, oye un afán de rectificación apurada por el desplome de la pared de mentiras con que los han oprimido por más de 50 años. Todo a cambio del uso indiscriminado y sugerente del vocablo “popular”, para disfrazar el ansia de poder omnímodo que sólo satisface a los autócratas.

Ahora bien, si ésa fue su mejor ejecutoria, sin embargo no es ése el mejor legado de CAP.

Presidente en ejercicio, enfrentó y derrotó, junto con las FAN, en dos oportunidades, la sedición de militares traidores a su juramento y a la Constitución, cuyo deseo de poder era más fuerte que su respeto por la vida de los venezolanos, civiles y militares, que innecesariamente (como demostrarían los hechos posteriores) debieron rendirla el 04 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, sólo para reafirmar el error histórico de un grupo militar que quería y quiere el mando sólo  para sí y perpetuamente. Error histórico que contagió a millones que hoy plañen arrepentidos y a otros que aún no se permiten la grandeza de espíritu suficiente para la rectificación.

Y, luego, como producto de la rebelión de los náufragos –como él mismo describió la conspiración en contra de la Venezuela emergente, por parte de los grupos de resentidos que, ostentando alguna representatividad, no obstante eran incapaces de perdonar el éxito ajeno; frase que ha servido de título al extraordinario libro de Mirtha Rivero sobre el tema- rindió su autoridad y su poder ante la decisión de los órganos civiles del Estado de Derecho, sin ni siquiera un atisbo de desacato a la Constitución y las Leyes, como corresponde a un verdadero demócrata convencido.

Es éste el mejor legado de su dilatada y exitosa trayectoria de hombre público: su convicción democrática.

Para evitar manipulaciones en las nuevas generaciones, que es –finalmente- la intención de los comentarios señalados al inicio (y, su rechazo, la razón de éste que hago), valga mencionar que Pérez no fue juzgado y condenado por “robarse unos reales”.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de entonces, su delito consistió –literalmente- en ser el Administrador de la Hacienda Pública Nacional, con ocasión del pago de unas cantidades de dinero (ridículamente exiguas, frente al aquelarre de petrodólares regalados a granel a gobiernos extranjeros, que hemos debido observar con posterioridad) provenientes de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores [“Gastos para la Seguridad y Defensa de la Nación”], pero supuestamente pagados por el Ministerio de la Secretaría, para atender la seguridad de la entonces Presidente electa de Nicaragua, Violeta Chamorro, cuya elección y asunción significó la alternancia democrática en el gobierno de aquel país Centroamericano, en medio de una –antes declarada; y en ese momento- latente guerra civil; pago fundamentalmente hecho a personal de seguridad venezolano que se trasladó al país hermano a cumplir tales tareas, entre ellos, por cierto, Freddy Bernal, como integrante del Grupo Ceta de la Policía Metropolitana.

Todo comenzó mediante una denuncia de José Vicente Rangel, según la cual, antes de eliminar el control de cambio, tales dólares habían sido canjeados en el BCV al precio preferencial que existía entonces, con lo cual, se habría generado una ganancia cambiaria que habría sido imposible si se hubiesen cambiado luego de la eliminación del régimen de cambios diferenciados; en otras palabras, con menos bolívares, dentro de la Ley, el gobierno obtuvo más dólares, antes de eliminar el control de cambio y devaluar la moneda. Como se ve, una denuncia de pacotilla porque ello no hubiera consistido en delito alguno; y, atendiendo a la trayectoria del denunciante, este “aprovechamiento” de los últimos días de RECADI para el cambio de unos dólares por el gobierno, nada tiene que ver, ni en cantidad ni en naturaleza, con la requete rumoreada práctica de la utilización de un mercado de divisas que el propio régimen ha ilegalizado, por parte de PDVSA, sin que aquél nada haya dicho al respecto.

La investigación determinó que los recursos entraron a las arcas del Ministerio de Relaciones Interiores y su titular afirmó que él había realizado el gasto correspondiente; pero todos los involucrados, como correspondía, se abstuvieron de decir en qué se habían gastado, puesto que de hacerlo se convertirían en reos del delito de difusión de información confidencial de la que se encuentra impuesto el funcionario en razón de su cargo.

Así, contando con el obligado silencio de los actores, la Corte consideró que se había configurado el delito de malversación de fondos, el cual consiste en la utilización de los recursos presupuestados para atender un rubro particular (p.ej., lápices), en el pago de otro rubro (p.ej., factura telefónica), aún en beneficio público; ello, porque supuestamente el pago había sido hecho por el Ministro de la Secretaría y no el de Relaciones Interiores (finalmente se desestimó el argumento del Fiscal, según el cual la democracia en Centroamérica no podía considerarse como de interés para la Seguridad y Defensa de la Nación, la cual se refería, en su criterio,  a la “seguridad en los barrios”). Como se observa, es muy forzada la subsunción de tales hechos en el referido tipo penal. 

No estoy, ni mucho menos, deificando al ex Presidente en la tradición de que con todo fallecido desaparecen sus errores. En AD, internamente, fui crítico de CAP y sus ejecutorias en su segundo gobierno (éstas, en realidad, imprescindibles, pero erráticamente llevadas a la práctica); así como cuestioné el sentido de oportunidad para la toma de algunas decisiones que cambiaban el ejercicio del Poder en el país, en medio de la más severa crisis que haya conocido el sistema democrático, de cuyos coletazos aún somos víctimas; y, también, contra lo que pensé en su momento eran desviaciones indeseadas tanto de las tesis programáticas del partido, como de la conducta a seguir por los militantes de AD en funciones públicas. Por otro lado, la insulsa, feroz y suicida pugna interna, debilitó una herramienta de transformación social invalorable y, en ello, también le cabe su cuota de responsabilidad.

Pero, con la objetividad que da el tiempo transcurrido, el respeto que generó en mí su actitud de entonces y la asunción de mis propios errores y limitaciones en la calibración de aquél escenario, hace rato que concluí que toda crítica se hace nimia frente a su ejemplo de demócrata, el cual lo catapulta a los señeros lugares de los estandartes de la civilidad y la civilización en Venezuela.

AD, que en su momento lo expulsó de la militancia partidista, ha decretado tres (3) días de duelo por su fallecimiento, llamándolo “querido compañero”; lo que denota el tiempo de necesarias y generalizadas rectificaciones del que somos espectadores. En realidad, el reencuentro de AD con el ex Presidente es de vieja data. Hace unos seis (6) o cinco (5) años, fui testigo de que queriendo venir a Venezuela, disciplinado y demócrata, requería la opinión del partido al respecto. AD, a través de su Secretario General, Henry Ramos Allup, como correspondía, le hizo saber que la organización lo acompañaría en cualquier decisión que él tomara en la materia. Sus familiares, con buen tino, le convencieron de que no estaban dadas las condiciones para ello.

Esta decisión de AD no sólo se corresponde con la tradición de pueblo que llenó al partido desde su fundación, en atención al indudable liderazgo de CAP en los años de democracia; sino que, con toda seguridad, interpreta el mejor sentir de su militancia hacia el Presidente Pérez, quien, con sus errores y aciertos, es una de sus imperecederas figuras históricas.

Paz a su alma. Honor a su memoria.